Mañana, 1° de octubre, entra en vigor el polémico Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, ACTA (iniciales de Anti-Counterfeiting Trade Agreement) aspira a proteger los derechos de propiedad intelectual a un nivel supranacional.

El objetivo de ACTA es crear un nuevo estándar de aplicación de propiedad intelectual por encima de los instrumentos existentes sobre la materia. Asimismo, busca incrementar la cooperación internacional y el intercambio de información entre las agencias policiales de los países firmantes.

El acuerdo será firmado en Japón mañana sábado 1° de octubre, poniendo así fin a varios años de intensas negociaciones. La iniciativa fue tomada por Estados Unidos y Japón en 2007, y desde entonces ha motivado un intenso debate entre Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Secretismo

En los inicios del proceso se decidió que las negociaciones tendrían carácter secreto. Según ha trascendido, Estados Unidos habría sido el principal impulsor del secretismo en torno al proceso.

El documento de trabajo fue filtrado en 2009, lo que permitió a periodistas y público en general informarse de los temas discutidos y las opiniones vertidas por los gobiernos participantes en las negociaciones.

Posición extrema de Estados Unidos

La causa del secretismo estadounidense fue posiblemente que las autoridades de ese país verían perjudicado su prestigio al conocerse sus puntos de vista.

Entre otras cosas, Estados Unidos habría propuesto instaurar un sistema de control de pasajeros de vuelos internacionales, en búsqueda de música o películas pirateadas, almacenadas en reproductores portátiles.

Según ha trascendido, tales planteamientos no fueron aceptados por los demás gobiernos. Por el contrario, en el documento final se señala que el objetivo de ACTA no es controlar a individuos particulares, sino a actores profesionales que se dedican a la piratería con fines comerciales.

En un documento publicado por la Unión Europea, la organización explica que ACTA tiene como objetivo enfrentar la delincuencia a gran escala y no limitar los derechos ciudadanos persiguiendo a los consumidores.

El texto indica de manera inequívoca y en un lenguaje sorprendentemente poco diplomático y directo -quizás tocando de modo tangencial a las aspiraciones estadounidenses – que «El servicio de Aduanas de la Unión Europea, que frecuentemente enfrenta el tráfico de drogas, armas o personas, no tiene ni el tiempo ni el fundamento legal para buscar un par de películas pirateadas en un iPod o en un PC portátil, y no hay intención alguna de hacerlo».

A pesar de ello, las críticas no se han hecho esperar. La organización de derechos ciudadanos EFF (Electronic Frontier Foundation) opina que el acuerdo representa una amenaza contra los derechos y privacidad de las personas.

Asimismo, estima que la innovación en Internet se ve amenazada con el afianzamiento de postulados estadounidenses en materia de propiedad intelectual y patentes que, especialmente en Europa, son considerados algo absurdos.

La aplicación dependerá de cada país

Dependerá de cada país aplicar las reglas de control que permitan zanjar, por ejemplo, el intercambio de material pirateado en Internet. Sin embargo, el acuerdo les obliga a no ignorar el fenómeno de la piratería u obviar tomar medidas.

En otras palabras, el acuerdo abre para interpretaciones y consideraciones locales en cuanto a su aplicación. A pesar de ello, no hay duda de que los países signatarios se obligan a enfrentar la piratería digital y análoga (relojes, perfumes, ropa, etc) con energía y dedicación totalmente distinta a la actual.

Fuente: DiarioTI