La implantación en nuestras vidas de las redes sociales y los múltiples servicios basados en la web 2.0 que a diario utilizamos desde nuestros computadores y nuestros dispositivos móviles, ha hecho surgir una situación que no venía siendo muy habitual en los últimos años, como es la suplantación de identidad de las personas.

La suplantación de la identidad, que en principio pudiera parecer algo sencillo de detectar y que no puede llegar a tener una gran trascendencia (salvo casos concretos y extraordinariamente sofisticados), en el mundo online puede llegar a implicar situaciones extremas para las personas que lo sufren, dado que en muchas ocasiones suelen venir relacionadas directamente con otro tipo de acciones tales como amenazas, chantajes o estafas.

En este sentido, y como no podía ser de otra forma, la suplantación de identidad digital conlleva también una gran trascendencia jurídica, desde el punto de vista civil, administrativo y penal, quedando protegidas tanto las personas físicas, como jurídicas, de este tipo de situaciones, sin perjuicio de que su protección no se encuentre libre de obstáculos.

A continuación se realiza un breve análisis en relación a las implicaciones jurídicas que, desde el punto de vista penal, puede llevar a implicar la suplantación de identidad online de una persona, con independencia de otra serie de aspectos derivados que pueden llegar a afectar directamente a la reputación online del afectado.

Cuando se habla de suplantación de identidad desde el punto de vista penal ha de partirse del hecho de que no existe ningún tipo penal que expresamente regule esta situación como tal. Ahora bien, sí encontramos referencias expresas a la “suplantación del estado civil”, regulada en el artículo 401, donde se dispone que:

“El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.”

Como podemos ver, al igual que en otro tipo de delitos, no se habla del medio a través del que se lleve a cabo (online u offline), sin que esto sea un obstáculo para que en caso de darse los requisitos del tipo penal, pueda ser apreciado por el Juez que conozca sobre el caso concreto.

En este sentido, hemos de tener en cuenta en primer lugar el concepto de “usurpar el estado civil”, respecto al que no contamos con ningún concepto normativamente establecido.

Usurpar equivale a atribuirse algo ajeno. En la segunda acepción de nuestro diccionario oficial se dice que es “arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”.

En este sentido, contamos con diferentes sentencias del Tribunal Supremo, en la que se dispone que “usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad, aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera”, añadiendo que “no es bastante, para la existencia del delito, con arrogarse una personalidad ajena, asumiendo el nombre de otro para un acto concreto; es condición precisa que, la suplantación se lleve a cabo para usar de los derechos y acciones de la personalidad sustituida; constituye, pues, exigencia de este delito un elemento subjetivo del injusto propósito de ejercitar derechos y acciones de la persona suplantada” (STS de 23 de mayo de 1986).

En el mismo sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sala segunda, con fecha de 15 de junio de 2009, el Tribunal reconoce en su fundamento de Derecho segundo, que:

“Usurpar el estado civil de otro lleva siempre consigo el uso del nombre y apellidos de ese otro, pero evidentemente requiere algo más, sin que sea bastante la continuidad o la repetición en el tiempo de ese uso indebido para integrar la mencionada usurpación.”

Por tanto, “para usurpar no basta con usar un nombre y apellidos de otra persona, sino que es necesario hacer algo que sólo puede hacer esa persona por las facultades, derechos u obligaciones que a ella sólo corresponden; como puede ser el obrar como si uno fuera otro para cobrar un dinero que es de este, o actuar en una reclamación judicial haciéndose pasar por otra persona, o simular ser la viuda de alguien para ejercitar un derecho en tal condición, o por aproximarnos al caso presente, hacerse pasar por un determinado periodista para publicar algún artículo o intervenir en un medio de comunicación.”

Si todo ello lo trasladamos a las conductas más habituales en Internet en relación a la suplantación de identidades digitales, hemos de tener presente que si bien el crackeo de una cuenta de Facebook o Twitter, por ejemplo, por sí misma no es una suplantación de identidad constitutiva del delito de usurpación del estado civil, sí podría ser constitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado expresamente en los artículo 197 y siguientes del Código Penal o incluso un delito de daños en “redes, soportes o sistemas informáticos” expresamente reconocido en el artículo 264.2 del Código Penal.

Ahora bien, si además de llevarse a cabo la “ciber ocupación” de la cuenta de Facebook, Twitter o cualquier red social o blog de un usuario, se utiliza la misma para dar la sensación al resto de usuarios que quien escribe es la persona titular de la misma, llevando a cabo acciones ”que sólo puede hacer esa persona por las facultades, derechos u obligaciones que a ella sólo corresponden”, entonces sí estamos ante una auténtica suplantación de identidad, o usurpación del estado civil propia del artículo 401 del Código Penal.

Ante este tipo de situaciones se recomienda a los usuarios acudir de forma inmediata ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, para interponer la correspondiente denuncia. En ella, deben reflejarse los hechos propios de la suplantación de identidad, así como los –más que habituales– posibles presuntos delitos derivados de las acciones llevadas a cabo por el suplantador, como son posibles delitos de amenazas, estafas, o semejantes. Se daría así inicio a la vía de investigación correspondiente para su posterior puesta a disposición judicial, donde se llevará cabo la instrucción para determinar la persona física concreta que llevó a cabo dicha acción, así como el enjuiciamiento de la misma –en caso de determinarse la existencia del delito de “usurpación del estado civil” y cualesquiera otro que pudiera haberse producido derivado de éste–.

INTECO – Blog de la Seguridad de la Información